El Pro y la ideología.

   Del Pro no se conocen textos fundacionales, ni fundamentales, ni discursos históricos, ni grandes gestas, ni próceres. Es un partido que no construye monumentos. Ni da lecciones de historia, ni de moral, ni de política. Por el contrario, su forma es la proximidad, hecha de palabras fáciles, objetivos que pueden lograrse y siempre enfocada en las soluciones. Que nada quede muy lejos en el orden del tiempo, ni en el de las ideas. Después de 2001, cuando ninguna palabra política resultaba creíble, Macri y su equipo buscaron credibilidad en un retórica de lo concreto, de las cosas, preferentemente de las que se tocan. “Pasión por hacer” ya era su lema de campaña en 2003. Identificación de problemas concretos y promesa de soluciones específicas son el uno-dos de su estrategia que busca el knock out con una definición explícita: el Pro no asume ninguna filiación con las ideologías del siglo XX, o con las grandes ideologías o, simplemente, con las ideologías. Esta estrategia -muchos dicen- desideologizante estuvo en el centro del debate sobre el Pro desde su aparición en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Los críticos del Pro todavía se mofan y se enojan por lo que sería su falta de ideología, pero, también, su falta de militancia y su falta de arraigo en el territorio y en la historia. Sus adherentes sólo se ríen. Para unos y para otros, la llegada del Pro al gobierno nacional es un fin de las ideologías nuestroamericano.
   Ahora bien, esta acción -insistamos, a falta de una mejor expresión:- desideologizante no fue un posicionamiento exclusivamente dirigido contra ese perfeccionismo moral que es el kirchnerismo, ni es una medida de coyuntura para enfriar momentáneamente la retórica y bajar la inflación de palabras.  Por el contrario, desde su comienzo el Pro lanzó una insurgencia generalizada contra la densidad simbólica que caracteriza a la política de masas, que en todas partes y tiempos ha sido fuente de confusiones cuando no de abiertos engaños; de demoras, cuando no de impedimentos; de desencuentros entre las personas, cuando no de animadversiones, sesgos y prejuicios. Para el Pro, en términos generales, una estrategia -mal calificada como- desideologizante puede liberar la vocación creativa de las personas y su capacidad de mancomunión. Y, más concretamente, es su seña de identidad más particular y original. Se distingue de la melancolía peronista; diluye el legado del radicalismo, espeso y ritual; evita los compromisos dramáticos de Carrió; agujerea el agonismo kirchnerista. Diferenciados de todo el espectro político, Macri y el Pro, son lo nuevo.
  La acción -digámosle, equivocadamente- desideologizante tiene, no obstante, sus símbolos que están a la vista de todos y son para tranquilidad de todos: la “pasión por hacer”; “los vecinos”, la bienvenida, la tarima en el centro de salón; los globos y el color amarillo, por supuesto; también el baile del presidente; el cambio de cuadros en el despacho presidencial; el perro Balcarce, el “sí se puede”. El Pro constituye símbolos sin grandes solemnidades, es sobrio, le alcanza con gestos de respeto y de ubicación. Mucho menos, se complace con relatos edificantes sobre la historia nacional: para eso está el revisionismo. Las solemnidades, la historia, las grandes hombres, las utopías, todo eso trajo muchas desgracias y pocas soluciones. El Pro elige enfocarse en lo concreto, en el presente y, en todo caso, en el futuro. El Pro no moviliza desde la reivindicación sino desde la aspiración. Los símbolos del Pro son abiertos y próximos, son optimistas, son modernos, pacíficos y tolerantes, nos dan un descanso después de doce años de melodramática intensidad simbólica. Nadie puede sentirse amenazado por estos símbolos que no descalifican ni acusan. 
  Los símbolos del Pro, además, no quieren hacer apelaciones emocionales ni identificar enemigos. El Pro renuncia a las enunciaciones demasiado candentes y efusivas. Porque el Pro quiere, y nosotros queremos, una acción política eficiente y, eficaz, con menos vaho y con menos humo . Después de doce años de intensidad simbólica tenemos hambre de cosas, queremos saber que hay problemas que fueron resueltos, queremos la satisfacción que da una lista de cosas hechas. Sólo entonces vamos a creer que se endereza el camino hacia alguna forma de justicia. El Pro, entonces, representa diciendo que no se va a disfrazar con el poncho justiciero porque abajo de esa retórica se esconde la daga de los demagogos.
   Pero ¿Hay un acto de justicia que no se vuelva gesto justiciero? ¿Acaso no es esa la forma en que la justicia aparece en la política? ¿No reside en esa operación, la de hacer de la justicia algo justiciero, toda la eficacia política de la justicia? ¿Un acto de justicia que no es justiciero, no se vuelve invisible, políticamente inútil, un mero acto administrativo, ni justo ni injusto?
  Para nosotros, no. Para nosotros, hay justicia sin gesto justiciero, hay justicia antes del lenguaje. Para nosotros, hay justicia en un mero acto administrativo, aun más creemos que una de las formas más radicales de justicia tiene la forma de un acto administrativo: pedir de cada cual según sus capacidades, dar a cada cual según sus necesidades.

Pero ¿La justicia de la administración es la única justicia política? Los que tenemos hambre de hechos, los que conocemos la justicia de la administración ¿No apreciamos la justicia que hay en el lenguaje? ¿No podemos ver que el gesto justiciero puede ser, él mismo, un acto de justicia? O, acaso, visibilizar injusticias, encontrar a los responsables, ofrecer el compromiso en primera persona ¿No son, ya, formas de realización de la justicia? No ver esto puede ser un riesgo para la justicia y para la eficacia política.
   Para la justicia, porque en su afán por hacer, el Pro rechaza todo gesto justiciero, y corre el riesgo de tirar al niño con el agua. Porque deshaciéndose de los discursos justicieros, el Pro queda desprovisto, si no de justicia, cuanto menos, de un sentido de justicia. Cuando confunde todo gesto justiciero con demagogia cae en el mismo error que los que confunden todo gesto justiciero con justicia. 
   Para la eficacia política, porque esta renuncia programática a los discursos justicieros nos deja tanteando entre preguntas ¿Cómo es una política que se construye sin un sentido de justicia, o contra ninguna injusticia o, incluso, que cree que los discursos justicieros son una rémora arcaica del siglo XX, sólo la mascarada demagógica de autoritarismos atávicos? ¿De dónde toma fuerza una política así? ¿Dónde gana cuerpo? ¿No tiene pasado, está obligada a inventarlo todo de cero? ¿Podrá? Para pensar estas preguntas estemos advertidos de lo siguiente: un liberalismo sin cuerpo ni justicia podría no ser lo opuesto al kirchnerismo sino, uno de sus axiomas.

   Por todo esto se ceban los ideologistas con el Pro, por su renuncia a un sentido de justicia. Seguramente porque ellos entienden esa renuncia de la misma manera que Durán Barba: como subversiones cotidianas contra las ideologías. Subversión de la que el consultor se ufana de ser el ideólogo. 
   Sin embargo, a pesar de todos los lamentos y enojos por una supuesta falta de ideología o por una política que no tendría sentido de justicia, el Pro tiene sus símbolos. Porque los símbolos son un resultado inevitable de un momento y de una época, de una psicología, de una lengua y de una clase. Y nadie puede renunciar a esos compromisos, que ya no son políticos, sino ontológicos ¿O es posible una política plana, sin volumen, evidente, traslúcida? ¿Un grado cero de la acción política desprovisto de símbolos, de rito, de gesto, existe en algún lado? ¿Cómo funcionaría una política así que pudiera renunciar a la representación? ¿La política no trabaja, en realidad, exactamente al revés: transformando todo acto en un gesto? Pongamos este ejemplo: “actuación” es todo lo que hace el actor mientras está actuando, todo movimiento o toda quietud, toda palabra o todo silencio, esté el actor arriba o abajo del escenario, se lo vea o sólo se escuche su voz; en todos los casos, su acción siempre tiene un sentido dramático. Del mismo modo ¿No es gesto o símbolo todo lo que el político hace mientras está haciendo política? ¿Y en qué momento un político deja de hacer política? 

Los demócratas

La corrupción, las mafias, la división de poderes, la libertad de prensa, la justicia independiente, la igualdad ante la ley ¿A quién le importan, si ya nadie vota a los demócratas? I Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, las discusiones sobre una -por así llamarla- “cuestión de las instituciones” ocuparon un lugar central en el debate. Estuvieron presentes cada vez que se discutió la relación del Poder Ejecutivo con los otros poderes; la posibilidad de dar con algún grado de independencia judicial; la existencia o inexistencia del federalismo en nuestro país; la regulación de los medios de comunicación; el rol de los partidos políticos; la necesidad de contar con organismos de control; la legitimidad de las candidaturas testimoniales; la legitimidad de los escraches; la legitimidad y los efectos de la intervención del INDEC; la independencia de las organizaciones sindicales y su democracia interna; la vías de las protesta. Esta cuestión de las instituciones llegó al centro de la agenda política como una reacción ante la “crisis de la democracia” posterior a 2001, cuando la estabilidad política en nuestro país había quedado pulverizada y se aflojaban los nudos de todo lo que la política mantiene unido en la Argentina. A esa falta de ataduras se la temía como el primer síntoma de la anomia. En esos años iniciales, dos personas entendieron antes que nadie que la crisis de la democracia y la cuestión de las instituciones se habían vuelto de máxima prioridad para los argentinos. Por un lado, el presidente Kirchner, el 19 de junio de 2003, cuando, sin haber cumplido un mes a cargo del gobierno, promulgó el decreto 222/03 por el cual se autolimitaba en el uso de sus facultades para proponer miembros de la Corte Suprema. Por el otro, Elisa Carrió, también el 19 de junio de 2003, cuando calificó la medida como “un avance extraordinario para las instituciones”. En todo este tiempo, entre estos debates, que terminaron configurando en todo esto de la cuestión de las instituciones, maduraron tres discusiones principales sobre la crisis de la democracia. En primer lugar, la discusión sobre las reglas de juego: si algún sentido fundamental de la política argentina está en riesgo como consecuencia de la manipulación de las reglas de juego político o si, por el contrario, la modificación de las reglas de juego es una de las posibilidades esenciales del juego político. En segundo lugar, la discusión sobre la competencia política: si la existencia de reglas de juego político es la garantía imprescindible para asegurar la competencia política, o si, por el contrario, la competitividad de nuestro sistema político es un resultado de la capacidad de cada fuerza para seguir siendo representativa. En tercer lugar, la discusión sobre la distribución del poder: si la distribución balanceada del poder es una condición de posibilidad de la democracia que debe ser garantizada con independencia de los resultados electorales, o si la distribución balanceada del poder es solamente un efecto, entre otros, de la competencia política. Sin que sea sorpresa para nadie, estas tres discusiones terminaron por dividir el campo político en dos grupos: por un lado, quienes creen que la distribución balanceada de los recursos del Estado y del poder político es, cuanto menos, una condición valiosa para asegurar los beneficios de la democracia; y por otro lado, quienes, al menos hasta el cambio de gobierno, sostuvieron que la distribución del poder debilita la capacidad del Estado para asegurar los beneficios de la democracia. En este marco, y nutrida del argumento constitucionalista según el cual cuando el poder no tiene límites peligran los derechos que la democracia busca garantizar, la crítica opositora delineó los bordes de su perfil político sosteniendo que la manipulación de las reglas por parte del gobierno profundizaba la crisis de la democracia argentina post 2001, cada vez que esas manipulaciones obstaculizan, de una u otra forma, la competencia política que habría de asegurar la alternancia en el poder, imprescindible para asegurar los beneficios de la democracia. Sin embargo, las cosas parecen haber resultado más bien al revés: el debilitamiento de las instituciones y la falta de reglas de juego resultaron una consecuencia de la crisis de la democracia, antes que su causa. Es decir, que sólo porque estaba en crisis una cierta idea de democracia -la que tiene a la alternancia de los partidos en el gobierno como prueba fundamental de su virtud y de su buen funcionamiento- es que fue posible debilitar las instituciones y manipular las reglas de juego. Esto es lo que podemos concluir dados los muy moderados costos políticos que en los últimos doce años pagaron quienes afectaron las instituciones o manipularon las reglas de juego político vigentes hasta 2001. Si, por el contrario, esta idea de democracia no hubiera estado en crisis, las manipulaciones denunciadas no habrían, siquiera, asomado como posibilidad dado el rechazo popular que habrían generado. La supervivencia electoral de los candidatos testimoniales, las generalizadas especulaciones sobre el calendario electoral y las idas y vueltas sobre el sistema de votación en diferentes distritos, son indicios que fundamentan esta hipótesis, porque no hay evidencia de que ninguna de estas manipulaciones haya afectado la credibilidad de quienes las pusieron en práctica. Pero lo que es más, el debilitamiento de las instituciones y la manipulación de las reglas de juego no sólo no parecen ser la causa de la crisis de la democracia, sino que, incluso, parecen haber sido su solución. Ya que casi quince años después de 2001 la democracia argentina no está amenazada por la inestabilidad que entonces nos amenazaba con fulminarla. Y podemos notar que esa amenaza no se disipó porque se hayan restablecido las reglas de juego previas a la crisis, sino que, muy al contrario, lo que vemos es que esa amenaza se conjuró correlativamente al debilitamiento de las instituciones y a la manipulación -cuando no su completa desaparición- de las reglas vigentes hasta 2001. Esta manera de avanzar la crisis y su solución nos señala que en estos años emergieron formas de interacción política inéditas o inéditamente legítimas, algunas de las cuales o, incluso, caracterizaron los momentos más dramáticos de la crisis. En este sentido, la concentración del poder -que resulta de una concentración de votos que, a su vez, expresa la concentración de la confianza popular en una fuerza- resultó ser una de las vías más relevantes para la reconstitución de la confianza en la democracia argentina después de 2001. Los resultados electorales son indicios de esta hipótesis. En la elección presidencial de 2003, el candidato que más votos sacó no llegó al 25%, su inmediato seguidor quedó a menos de 3 puntos porcentuales de distancia, y los tres candidatos siguientes recibieron entre el 16% y el 14% de los votos; todavía ninguno alcanzaba los niveles de apoyo que dos años antes había alcanzado la consigna “que se vayan todos”. En febrero de 2012, la situación era la inversa: meses después de que la presidente Cristina Fernández lograra su reelección con el 54% de los votos, a casi 38 puntos porcentuales de diferencia de la segunda fuerza, la consigna fue “vamos por todo”. La democracia argentina pasó de la falta de confianza en el sistema de partidos a la concentración de la confianza en el partido de gobierno. El debilitamiento de las instituciones y la manipulación de las reglas de juego no sólo no prolongaron la crisis de la democracia sino que resultaron ser las vías por las que efectiva e históricamente la Argentina clausuró esa crisis.

II De la persistencia de la cuestión de las instituciones como centro de la crítica opositora durante los doce años kirchneristas podemos sacar dos conclusiones. En primer lugar, que fueron Carrió y el panradicalismo quienes durante estos doce años estructuraron ideológica y políticamente la oposición al kirchnerismo, dado que fueron ellos quienes desde 2003 pusieron a la crisis de la democracia y la cuestión de las instituciones en el centro de la agenda política. En este sentido, que durante los últimos doce años los éxitos nacionales de la oposición hayan estado directamente correlacionados con los encuentros y desencuentros entre Carrió, los líderes del radicalismo y sus aliados, es la expresión política más concreta de este protagonismo político, que quedó trunco. En segundo lugar, que las discusiones sobre la cuestión de las instituciones y su relación con la crisis de la democracia coagularon en dos maneras diferentes de caracterizar esta crisis, sus posibles causas y sus eventuales vías de solución. Por un lado, los que creen que un cierto debilitamiento de nuestra democracia es consecuencia del debilitamiento de las instituciones y la manipulación de las reglas de juego político. Y creen, en consecuencia, que ese debilitamiento se supera devolviendo autoridad a las instituciones previas a 2001 y permitiendo que sus reglas recuperen su estado inicial después de haber sido estiradas muchas veces. Por el otro, los que creen que la confianza y la potencia de nuestra democracia se restituyen con nuevas instituciones y nuevas reglas de juego que reemplacen a las reglas vigentes hasta 2001, cuyo agotamiento irrevocable habría quedado entonces de manifiesto. Catorce años después de 2001, podemos pensar si acaso toda distinción entre el kirchnerismo y la oposición en los últimos doce años no fue una discusión entre estas dos manera de intepretar la crisis de la democracia. Es decir, podemos pensar si no fue la pregunta sobre cómo actuar ante la crisis de la democracia el clivaje fundamental inscripto en toda distinción entre el kirchnerismo y la crítica democrática a partir de cual unos y otros se definieron especularmente. Definición especular que se manifestó, entre tantas otras cosas, en una serie de confusiones a las que tanto unos como otros abonaron: confundir lucha con hostigamiento, movilización con extorsión, arraigo histórico con nostalgia, memoria con ilusión, organización con rentismo. Unos para construir organización política, otros para abstenerse de hacerlo. Por otra parte, del triunfo de Mauricio Macri también podemos sacar conclusiones. En primer lugar, que el desgaste al que la crítica democrática sometió al kirchnerismo terminó por desgastarla a ella misma, dado que fue Macri quien se quedó con el premio mayor del postkirchnerismo, aun cuando fueron los críticos democrácticos quienes durante doce años definieron temas, tonos y palabras de la crítica opositora. En segundo lugar, que el espejo en el que kirchnerismo y crítica democrática se reflejaron uno al otro está roto. Y, en este sentido, la raja de este espejo es la señal de un doble desplazamiento en el conglomerado político que se formó en la oposición al kirchnerismo. Primero, lo que ya es historia: que la fuerza o la debilidad de este conglomerado que convergió en Cambiemos ya no están determinadas por los encuentros y desencuentros entre Carrió, el panradicalismo y sus aliados, sino por la capacidad política de Macri y los suyos. Segundo: que la agenda de la calidad democrática cedió su lugar a la agenda de la expansión del capitalismo. En tercer lugar, que si el triunfo de Macri señala un cambio de guardia en el espacio que se formó en la oposición al kirchnerismo, Macri tiene entre sus tareas más necesarias y urgentes fortalecer y expandir un relato propio en sintonía con su agenda, tomando la posta de Carrió y el panradicalismo que fueron quienes en estos doce años dieron forma y dirección al electorado que terminó apoyándolo. 

III La crítica democrática atravesó doce años de kirchnerismo sin torcer el brazo. Se sobrepuso a derrotas estruendosas y a deserciones dolorosas. Fue paciente ante la falta de horizonte. No abandonó su fe en que la cuestión democrática es el mapa para desatar nudos dramáticos de nuestro capitalismo periférico. En los últimos doce años se atrevió a denunciar la borocotización de los políticos, la intervención del INDEC, el escrache indiscriminado, las candidaturas testimoniales, los usos patoteros del espacio público, el ataque a la memoria colectiva, la obturación y la desarticulación de los mecanismos de control, el abandono de los reglamentos parlamentarios, la manipulación del calendario electoral, cuando no de los resultados de las elecciones, el hostigamiento a opositores, la inoportuna muerte de un fiscal, el desvío sistemático de fondos estatales, la promoción de jueces, militares y periodistas asociados a la última dictadura militar, el monopolio comunicacional o la reglamentación de los medios de comunicación, el estado de excepción como regla de la acción estatal. Muchos alimentamos esta crítica con nuestra militancia. Sin embargo, que ninguno de sus referentes -Carrió, Sanz o Stolbitzer, por mencionar los que compitieron en 2015; pero, también, Ricardo Alfonsín o Hermes Binner; o incluso gente más joven como Adrián Pérez- se haya quedado con el premio mayor de la contienda que esta misma crítica lideró, tal vez sea la señal más cabal del agotamiento de esta crítica. Durante los tres gobiernos kirchneristas, cada vez que quienes apoyamos la crítica democrática pusimos en cuestión las formas de la gobernabilidad kirchnerista, cada vez que defendimos la legitimidad, la razonabilidad y la relevancia de nuestra crítica o que discutimos las diferentes maneras de participación, decisión y control popular en nuestra democracia, insistimos en que estas nuevas formas políticas eran causas de la crisis de nuestra democracia. Sin embargo, vistas las cosas desde la actualidad, nuestra insistencia hoy se ve, más bien, como una expresión porfiada de nuestras dificultades para hacer política después de 2001. Porque esta insistencia no parece haber ayudado a mantener la vigencia de los derechos, las garantías y las libertades clásicamente asociados a las luchas democráticas. Sino, más bien, lo contrario. Su efecto más relevante no fue resguardar a la democracia argentina de los efectos de las nuevas formas políticas, sino impedirnos apreciar la transformación que estaba ocurriendo delante de nuestros ojos: que la crisis de la democracia argentina iba encontrando las vías de su solución. Así, cuando poníamos en discusión los efectos inflamantes que las nuevas formas políticas podrían tener sobre la crisis de la democracia argentina estábamos discutiendo -no lo veíamos entonces- las causas de su solución, es decir, los modos por los que efectivamente la democracia argentina fue resolviendo su crisis y que son las formas que fueron estableciéndose después de 2001. En este sentido, y como tantas otras veces en la historia, los diagnósticos que insisten durante demasiado tiempo en denunciar una crisis, se vuelven restauradores: apostamos a restaurar el régimen democrático previo a 2001 restaurando las antiguas reglas de juego. Pero, como otras veces en la historia, los diagnósticos restauradores no advierten que las crisis, de una u otra manera, encuentran su solución. De esta forma, preocupados por las formas democráticas que ya no encontrábamos, impugnando la legitimidad de las nuevas, obturamos entre nosotros el debate sobre cómo asegurar derechos y libertades en la Argentina actual, post crisis de la democracia. Cerrada la crisis de la democracia, sólo quedó la crisis de los demócratas. Esta crisis es uno de los efectos más duraderos y más costosos de la crisis de la democracia. Duradero, porque desde 2001 y todavía hoy determina hegemonías y subordinaciones, ganadores y perdedores. Nuestras dificultades fueron condición indispensable para la consolidación de la hegemonía kirchnerista. Nuestro relevo, para su derrota. Costoso, porque la debilidad política del único actor que impulsa la agenda por la igualdad ante la ley, que tiene en el centro de sus preocupaciones que los aparatos del Estado respeten la vida y la libertad de las personas y que lleva el rechazo de todas las formas de corrupción como una marca de identidad irrenunciable, no es sólo la debilidad de los demócratas, sino de la democracia en su conjunto.